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4. Antecedentes históricos de las Constituyentes en América. Principales experiencias de participación de las mujeres: Una aproximación.

Nathalie Roque

Luego de décadas de regímenes autoritarios o bien sangrientas dictaduras militares,   las dos últimas décadas han sido caracterizadas por  países de Latinoamérica con gobiernos civiles electos democráticamente.

Esta recuperación de formas democráticas se produjo en medio de un contexto de miseria y marginación social, a una desigualdad extrema y a un régimen jurídico heredado. A partir de la década de los noventa los países de la región se enfrentan a importantes cambios: el avance de la globalización y de la interdependencia en los intercambios comerciales, la oleada de modernización y un simultáneo aumento en la brecha de las desigualdades.

Es bajo este contexto que en algunos países de Latinoamérica se comienzan a desarrollar los llamados procesos “refundacionales” que mediante la promulgación de nuevas constituciones buscan generar marco legal, un nuevo pacto social que establezca relaciones más equitativas entre el Estado y los ciudadanos.

 

Es aquí como a partir de la década de 1990 se desarrolla en Latinoamérica una etapa de reformas y cambios constitucionales, las mujeres, enmarcadas en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW)  1979 y las Conferencias mundiales sobre derechos de las Mujeres, como la de Copenhague en 1980 y Nairobi en 1985,  tomaron un rol fundamental como actoras y defensoras de sus derechos, promoviendo y exigiendo la inclusión de los mismos dentro de los nuevos pactos sociales:

 

Participación de las mujeres en la Asamblea Constituyente de Colombia[1].

 

La primera de las convocatorias a Asamblea Nacional Constituyente en los últimos 20 años sucedió en 1991, en Colombia. En ese entonces, la Constitución de ese país era una de las más antiguas de Latinoamérica, ya que databa de 1886. Sentó las bases del rescate de la doctrina tradicional del poder constituyente. Fue la primera aportación a la reforma del Estado. Hasta la constituyente colombiana, los procesos constituyentes, particularmente en América Latina, se habían desarrollado, en buena parte, de espaldas a la población[2].

En la década de los 80 se empezó a hablar de la necesidad de una reforma a la Constitución

Colombiana. Sin embargo y pese a los múltiples acuerdos, no es hasta 1991, inmersos en una situación de ingobernabilidad que se da vía libre al referendo, en ese momento fue una iniciativa social, principalmente de docentes y estudiantes universitarios colombianos en constantes huelgas[3].

 

El 27 de mayo el pueblo colombiano con un 90% de los y las votantes respaldó la realización de un Asamblea Nacional Constituyente, elección que fue denominada “La Séptima Papeleta”. Los grupos de mujeres participaron activamente en todo el proceso Pre-Constituyente, donde los sectores políticos y sociales  de las diferentes regiones realizaron un gran debate con la instalación de mesas de trabajo y la realización de cabildos abiertos y asambleas de amplia participación, proceso que finalizó con el I Congreso Nacional Pre-Constituyente realizado en Bogotá los días 14 y 15 de julio de 1990.

 

En las organizaciones sociales del Comité Nacional Pro-Constituyente estaban grupos de mujeres: Mujeres por la Constituyente y el Comité de Madres Comunitarias.

Las mujeres entregaron entre otros los siguientes documentos:

• Propuesta de “Mujeres por la Constituyente” ante el Congreso Nacional Pre-Constituyente de julio 14 y 15 de 1990.

• Propuesta del Cabildo Nacional de Mujeres a la Asamblea Nacional Constituyente, realizado en el Concejo de Bogotá, mayo 26 de 1991.

 

Las propuestas de las mujeres podrían resumirse y clasificarse de la siguiente manera:

• Propuesta en el texto del preámbulo.

➼ Soberanía popular

➼ Separación Iglesia – Estado

➼ Participación ciudadana

➼ Autodeterminación

• Propuesta sobre un lenguaje incluyente.

• Prohibición de toda forma de discriminación y explotación.

• La reproducción humana como un derecho y una responsabilidad.

• El derecho de la mujer de decidir libremente sobre la maternidad, libre opción a la maternidad, tema de mayor polarización.

• La definición de familia.

• Protección de la maternidad.

• Violencia intrafamiliar y violencia sexual.

• La posibilidad de acciones positivas.

• Participación paritaria en instancias de decisión.

• Libertad de conciencia, objeción de conciencia.

• Normas sobre trabajo doméstico

 

 

¿QUÉ QUEDÓ REALMENTE EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN?

 

Antes de 1991 no existía ningún artículo de la Constitución que consagrara los derechos de las mujeres, aunque lo que se logró no es lo ideal, algunos de estos derechos y su reglamentación permitirán una mayor y mejor participación de las mujeres.

DERECHO A LA IGUALDAD: Todas las personas en la sociedad somos consideradas iguales sin discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica. Art. 5 y 13.

DERECHO A PARTICIPAR EN LOS NIVELES DECISORIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Se garantiza la adecuada y efectiva participación en los niveles decisorios de la administración pública. Art. 40.

DERECHO A LA IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES EN LA PAREJA: Mujeres y

hombres tienen iguales derechos en la pareja y al respeto recíproco. Igualmente podemos decidir

conjuntamente el número de hijos que se quieran tener. Art. 42.

DERECHO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Tenemos derecho a igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Art. 43.

ABOLICIÓN A TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER: Se consagró la abolición de toda forma de discriminación laboral, legal, sexual a la mujer. Art. 43.

DERECHO A LA PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL EMBARAZO: Las mujeres tienen derecho a protección especial por parte del Estado durante el embarazo y post-parto y ayuda

económica en caso de estar desempleadas. Art. 43.

DERECHO A APOYO ESPECIAL A LAS MUJERES CABEZA DE FAMILIA O JEFAS DE HOGAR: Las mujeres jefas de hogar tienen derecho a un apoyo especial del Estado. Art. 43.

DIVORCIO PARA MATRIMONIOS RELIGIOSOS: Los matrimonios religiosos pueden terminarse por divorcio, de acuerdo con la ley civil. Art. 4.

 

A pesar de reconocer estas ganancias El Observatorio Legal de la Mujer (CIJUS) de la Universidad de los Andes concluye que:

1. En el tema de derechos de la mujer y regulación de la familia, la ANC no supero la aproximación formal a los temas.

2. En el tratamiento de los temas vinculados a la mujer se impusieron las mayorías liberales sobre las conservadoras o las perspectivas de las minorías étnicas.

3. En el proceso constituyente no hubo ideas con perspectiva de género.

 

IMPACTOS DE LA CONSTITUCIÓN EN LA EQUIDAD PARA LAS MUJERES COLOMBIANAS – DOS CASOS DE DESARROLLOS POSTERIORES

• LA LEY DE CUOTAS

Un proyecto de ley que reglamenta adecuada y efectiva participación de las mujeres en la

administración publica fue presentado por primera vez en 1992 y luego siete veces más, al final

es aprobada la ley de cuotas, mediante la ley 581 de mayo de 2000. Donde se define que el

30% de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser ocupados por mujeres. Esto es para

los cargos del ejecutivo, no para los cargos de elección.

 

• LA LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La violencia intrafamiliar va en contra del respeto a la dignidad humana, como lo dice el artículo 1º de la Constitución Política Colombiana, por esto es deber del Estado colombiano intervenir para impedir cualquier violación a los derechos fundamentales de las personas.

 

La constituyente peruana de 1993

El 5 de abril de 1992, Fujimori lanzó el autogolpe: suspendió la Constitución de 1969, arrestó a varios lideres de oposición, disolvió el Congreso y desmanteló la judicatura. Perú se convirtió en el único país latinoamericano que sufriera una ruptura democrática en los años 90 después de haber retornado a la democracia en los años 80. Los meses después del autogolpe fueron inestables y las consecuencias políticas del suceso eran inciertas. Sin embargo, Fujimori logró finalmente consolidar el poder en 1993 sobre la base de una nueva constitución diseñada por él mismo.

 

En este contexto, se lograron ciertas reformas y conquistas  gracias a una permanente presión de las organizaciones feministas y de los movimientos de mujeres[4]:

En 1991, se formó un Grupo Parlamentario de Mujeres con el fin de impulsar tres propuestas: Coeducación, Prevención de la violencia contra la mujer, y una Ley de Comisarías para las Mujeres. El Congreso Constituyente de 1993, aprobó una Ley Contra la Violencia Familiar, y la creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.  En 1994, se creó la Comisión de la Mujer en el Congreso; y en 1998, la Ley General de Elecciones estableció que los partidos políticos incluyeran en sus listas candidatas mujeres en un porcentaje mínimo del 30%, tanto para las elecciones internas de los partidos como para los procesos de elecciones generales, municipales y regionales.

 

La reforma constitucional en Argentina 1993-1994[5]

Después del Proceso de Reorganización Nacional y a partir del retorno a la democracia, el 10 de diciembre de 1983, existía un consenso generalizado en los partidos políticos acerca de la necesidad de reformar la Constitución ante la evidencia de que la misma no había sido respetada durante la mayor parte del siglo XX. Adicionalmente, tanto la Constitución de 1949 como la reinstalación de la Constitución de 1853 durante un gobierno militar,1 estaban cuestionadas por amplios sectores.

Habiendo asumido como presidente Menem y logrado consolidarse en el gobierno a partir del éxito de la política de estabilidad de precios sustentada en la convertibilidad de la moneda argentina con el dólar estadounidense y las privatizaciones de las empresas del sector público, la reforma de la Constitución constituyó un objetivo político a los efectos de habilitar al presidente a ser elegido nuevamente en forma consecutiva, lo que estaba vedado por el texto constitucional vigente.

Contexto de la participación de las mujeres: Ley de Cupos

El 6 de noviembre de 1989 la Senadora Nacional de la Unión Cívica Radical (U.C.R) por la provincia de Mendoza, Margarita Malharro de Torres, presento un proyecto de ley de reforma del Código Electoral Nacional en el sentido de establecer en forma imperativa para todos los partidos políticos un mínimo del 30% de mujeres en las listas de candidatos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas, que se basó en el debate que algunas mujeres

habíamos planteado en el Congreso Nacional de Mujeres Radicales que tuvo lugar en octubre de ese año en Santiago del Estero. En 1991 fue tratado el proyecto de ley con media sanción del Senado en la Cámara de Diputados y se convirtió en ley.

 

En 1992 el entonces presidente, Carlos Menem, firmó el Decreto Reglamentario de la Ley 24.012 que determinaba el lugar que debían ocupar las candidatas. Si bien el decreto era violatorio del “piso” establecido en el cálculo del porcentaje en muchos casos, en otros (como cuando había dos bancas a renovar, que era el caso de muchas provincias) fue decisivo para que la cuota fuera del 50 por ciento.

Cuando se conformaron las listas de Diputados Nacionales para las elecciones de 1993 fueron muy pocas las listas en las que se respetaba el cupo femenino. Todos los partidos políticos y en todas las provincias se violó la Ley.

Fue necesario organizar una red de información para conocer rápidamente como se habían conformado las listas de todos los partidos.

 

En 1994 se reunió la Convención Constituyente para reformar la Constitución Argentina. Por la aplicación de la Ley de Cupos sancionada en 1991, del total de convencionales, 80 fueron mujeres y 222 varones.

 

El balance de la reforma constitucional para las mujeres arroja un saldo positivo

p  Se logró la incorporación de la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer“

p  Expresa la obligación del Poder Legislativo de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato“

p  Se logró un marco importante para las leyes de salud reproductiva. La Nacional se sancionó en el 2002.

p  El debate sobre la legalización del aborto o la atención sanitaria de los abortos no punibles es todavía una asignatura pendiente de la democracia.

 

Las Constituyentes en Ecuador: 1998 y 2007

Constituyente de 1998[6]

La más amplia y profunda de las reformas constitucionales que se han realizado en estos últimos 25 años de régimen constitucional en Ecuador, fue precisamente la que tuvo lugar en 1998, luego de la crisis institucional provocada por la caída de Abdalá Bucaram, en 1997. Bajo el corto mandato de Fabián Alarcón, se hizo una convocatoria de elecciones a una Asamblea Nacional que debería encargarse de reformar en profundidad la Constitución vigente. La Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 70 representantes de partidos políticos, entregó el fruto de su labor en junio de 1998.

 

La Asamblea Nacional Constituyente fue el canal de expresión de la crisis institucional del momento, pero evidenció claramente la profunda crisis socio-económica del país, la profundización de las brechas sociales y la decadencia de las instituciones del Estado.

 

Las demandas de las mujeres ecuatorianas no se limitaron a una reivindicación de derechos específicos, sino que cuestionaron la pretendida universalidad de la democracia, la ciudadanía y los derechos, denunciando su carácter formal, parcial y excluyente y reclamaron cambios de más largo aliento tendientes a flexibilizar el rígido espacio de la política formal y a conseguir la protección efectiva de esos derechos consagrados en la Constitución de 1998.

Las mujeres apuntaron a una meta posible: insertar en el texto constitucional un conjunto de reformas en torno a los temas de ciudadanía, derechos y libertades de las personas, de las garantías de los derechos, de la familia, de la infancia, de la educación y la cultura, de la salud, de los derechos sexuales y reproductivos, de la seguridad social y la promoción popular, del trabajo, de los derechos políticos, de la economía, de la propiedad, entre los más importantes. El movimiento avizoró el reto histórico de la reconfiguración del país o reconceptualización de la nación, pero se planteó estratégicamente afectar el ámbito de los derechos de las mujeres.

 

El proceso de formulación de la propuesta de reforma constitucional no inició con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente: la transición desde las demandas a los derechos fue el resultado de un proceso histórico de maduración de ideas que se hicieron más visibles a mediados de la década de los ochenta y que en el momento de la Asamblea se concretaron en un documento colectivo denominado NOSOTRAS EN LA CONSTITUCION.

 

Los ejes conceptuales de la propuesta presentada a la Asamblea Nacional Constituyente se sintetizaron en una nueva conceptualización de la ciudadanía de las mujeres, la vigencia de sus derechos, especialmente el derecho a vivir sin violencia en el ámbito privado o público, el derecho a la igualdad de oportunidades en el trabajo, en la educación, el respeto a la autonomía personal y a la autodeterminación sobre las decisiones más vitales de la existencia de las mujeres como son los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a acciones positivas para corregir todo tipo de discriminación; el derecho de las mujeres a la representación política en los ámbitos de decisión, la incorporación del enfoque de género en la planificación del desarrollo y la institucionalización de políticas públicas, el reconocimiento de las distintas estructuras familiares existentes y de las responsabilidades familiares compartidas como elementos fundamentales que inciden en el desarrollo personal de mujeres, hombres, niños y niñas y por lo tanto en su bienvivir, la búsqueda de un marco ético

transparente para todos los asuntos públicos, luchando contra todo indicio de corrupción y la definición de preceptos económicos y sociales que sirvan apara superar las desigualdades y precautelen el patrimonio económico y humano del Estado.

 

Para impulsar las reformas, las mujeres organizadas de Ecuador desarrollaron ocho estrategias básicas:

  1. el movimiento de mujeres posicionó la reforma jurídica como un instrumento de justicia y empoderamiento de las mujeres, más allá de un mero proceso de legislación.
  2. Una segunda estrategia, en la formulación de la propuesta, fue la construcción colectiva de “mínimos irrenunciables” dentro de los cuales era posible la negociación política.
  3. Recoger la historia que nosotras mismas habíamos escrito en la lucha por alcanzar la justicia de género en el Ecuador. Documentos, propuestas de reformas anteriores, plataformas de acción, agendas, planes fueron insumos que sirvieron de base para la formulación de la propuesta.
  4. anclar nuestra propuesta en los compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano a través de la suscripción y ratificación de las Convenciones y las conferencias internacionales.
  5. El auspicio a las candidaturas de mujeres del movimiento dentro de las listas de los partidos a la Asamblea, tanto a nivel provincial como nacional y la conformación de una lista única de mujeres como candidatas a Asambleístas, fueron estrategias simultáneas orientadas a dos fines: el primero, el posicionamiento de los derechos humanos de las mujeres como un tema prioritario en la Agenda de Asamblea Nacional Constituyente y, el segundo, la posibilidad de contar con aliadas seguras en el proceso de negociación y aprobación de las reformas propuestas por las mujeres. Lamentablemente, no se logró la inclusión de ninguna mujer del movimiento en la Asamblea Constituyente.
  6. Un pacto entre las instancias estatales de género y el movimiento de mujeres posibilitó un proceso de negociación que atacara todos los frentes de modo permanente.
  7. Negociar la propuesta como un todo coherente que debía integrarse en los capítulos correspondientes de la Constitución
  8. No abandonar el proceso con la aprobación de las reformas.

 

Las mujeres ecuatorianas lograron introducir un paquete de 35 reformas constitucionales, que constituyen un hito a nivel internacional, estas 35 reformas son el asidero en la lucha por reivindicaciones específicas, como es el caso, por ejemplo, del ejercicio del derecho a la participación política en condiciones de equidad, que está consagrado en la Constitución Política e inclusive en la Ley de Elecciones, pero que todavía constituye una disputa cerrada en cada proceso electoral.

 

 

 

 

 

Reforma constitucional de 2007

La coyuntura creada con las elecciones de 2006, la candidatura de Rafael Correa y los postulados de Acuerdo País[7] se convirtieron en los espacios de expresión de la reacción ciudadana contra el manejo de la economía hasta entonces existente. Correa criticó la “larga noche neoliberal”, restableció la idea del papel regulador del Estado en la economía, cuestionó el mercado libre absoluto, habló en términos de nacionalismo y soberanía, confrontó la privilegiada situación de las capas ricas de la población y adhirió abiertamente a favor de cambios y reformas que beneficien a la mayoría de la sociedad nacional[8].

Estas definiciones polarizaron el proceso electoral entre la elite defensora del modelo económico seguido por el Ecuador y la mayoría nacional que visualizó como cierta la posibilidad de un cambio de rumbos. El 13 de abril de 2007, el 82 por ciento de la población ecuatoriana dijo sí en las urnas a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en Ecuador. A causa de la crisis política que atravesaba el país, la sociedad civil organizada se mantuvo activa en la formulación de ideas para lograr cambios fundamentales en la estructura del Estado.

Las organizaciones de mujeres ecuatorianas discuten, analizan y formulan sus propuestas desde febrero. Su objetivo es lograr que la nueva Constitución respete la diversidad sobre la base de la integralidad, la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos y defender las conquistas de la constituyente de 1998.

 

El propósito central de este proceso fue salvaguardar el reconocimiento a las diversidades, de la integralidad de los derechos humanos garantizados en la Constitución del 98, su interrelación e indivisibilidad.

LOGROS[9]

 

El Estado Ecuatoriano asume por primera vez derechos de las mujeres reconocidos a nivel nacional e internacional, como el derecho a protección y a vivir libres de violencias garantizando el acceso a una justicia sensible a sus necesidades, con medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer; e incorpora una normativa especializada para el abordaje integral al sobreviviente de violencia intrafamiliar y sexual, para no permitir ningún tipo de revictimización. El acoso sexual se recoge en el Código Penal y en la Constitución.

 

La Nueva Constitución consagra como principios fundamentales la igualdad ante la ley – formal y material, la no discriminación por sexo, género, orientación sexual, o portar VIH; entre otros.

 

Existe un avance en materia de derechos económicos: se incorpora la economía de cuidado, dejando establecido el reconocimiento del trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares como labor productiva. Instaura formas de trabajo y de retribución, considerando Seguridad Social y salud junto al respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras

 

En salud, reconoce la importancia de la vida tanto de la madre como del recién nacido; garantiza los derechos de las mujeres embarazadas y su atención en el parto y post parto. Señala elementos importantes que facilitan la diferenciación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos; define la corresponsabilidad con los hombres en las actividades del hogar, asegura la maternidad y paternidad responsables, actualmente en proceso de elaboración y discusión la Ley de Licencia por Paternidad.

 

En la educación garantiza el acceso de manera igualitaria a las oportunidades en la permanencia en los estudios y el derecho a la educación sexual. La norma constitucional manda el uso del lenguaje inclusivo para las mujeres (el/la), y determina en los espacios de comunicación y publicitarios a no incluir contenidos de violencia, discriminación, racismo, sexismo, entre otros.

 

En lo relativo a los derechos políticos se asegura la participación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación en la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En los procesos de elección popular se respetará la participación alternada y secuencial de las mujeres, cumpliendo la disposición de la Ley de Cuotas.

 

En la institucionalidad y políticas de género, el Estado contará con el Consejo Nacional de Mujeres CONAMU como instancia que brinde asistencia técnica en temas de género, asegurando la vigencia y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

 

 

 

La mujeres y la constituyente en Venezuela 1999[10]

 

Venezuela aprobó un referéndum antes de que se cumpliera el primer año de la toma de posesión de Chávez, en 1999 quién había jurado sobre una constitución “moribunda”. El objetivo primordial de la nueva Constitución era acabar con el antiguo orden corrupto de Venezuela. Tras 40 años alternándose en el poder, los partidos tradicionales estaban desacreditados. La Constitución de 1961 se había vuelto insostenible. Más que escribir  una nueva Carta Magna, el mandato señalado por la asamblea era “reestructurar el Estado”.

Con unos niveles de aprobación del 80 por cien, la facción  de Chávez obtuvo 121 de los 131 escaños en la asamblea, lo que le aseguraba la aprobación de un documento que reflejara su visión del país[11].

 

La capacidad de trabajar juntas mujeres de diferentes orientaciones político-partidistas, feministas y no feministas y de organizaciones populares, con las mujeres que ya formaban parte del nuevo equipo del Consejo Nacional de la Mujer, produjo movilizaciones de diferentes tipos a fin de recabar e integrar los insumos para un documento a trabajar con la Comisión de Derechos Sociales y de la Familia y especialmente la subcomisión de Mujer, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional Constituyente- ANC.

Durante el año 1999 las mujeres realizaron múltiples actividades para recoger las propuestas que las mujeres –y algunos hombres- consideraban debían ser incluidas desde la perspectiva de género, en la nueva constitución a través de jornadas, foros, reuniones, comisiones, correos electrónicos, documentos, equipos, plantones, caminatas, comunicados, entrevistas, visitas a los medios de comunicación aliados y permanencia en las sesiones y los pasillos de la ANC»

A través de esta metodología se recogieron múltiples propuestas que posteriormente fueron sintetizadas por una Comisión del Consejo Nacional de la Mujer y presentadas a discusión de las organizaciones de mujeres y de los partidos políticos.

Las mujeres del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano también elevaron su opinión coincidente en su gran mayoría con la que citamos arriba, después de realizar un Seminario Internacional «Mujer, Constituyente e Integración» con la participación de parlamentarias de la mayoría de los países latinoamericanos y de las islas del Caribe. También lo hicieron otras organizaciones como la Comisión Bicameral de la Mujer  y las que hemos citado a lo largo de todo este texto.

En balance se logró incorporar en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  casi el cien por ciento de sus propuestas.

 

Logros[12]:

La Constitución actual visibiliza a la mujer como ciudadana de deberes y derechos, creadora y autónoma, imprescindible para el pleno desarrollo de la sociedad.   El lenguaje no sexista de la Constitución de 1999, basada en los principios de la igualdad y la no discriminación, constituyen una ruptura paradigmática con el viejo modelo patriarcal de la subordinación y la exclusión en las relaciones de género.  De ahí que se hacen presentes artículos de una gran trascendencia para el desarrollo de una cultura democrática de género para la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres.  Desde esta perspectiva se hace imperativo tomar en cuenta las diferencias y demandas que presentan mujeres y hombres, a los fines de implementar acciones que aseguren la igualdad de oportunidades para la calidad de vida de todas y todos.  Algunos de estos artículos tienen que ver con:

a)      El reconocimiento de la existencia de diversas formas de familias y con ello superar la visión unilateral de la sola existencia de la familia nuclear.  Se visibiliza el hogar dirigido por mujer sola u hombre solo y se establece el tipo de relaciones familiares que deben orientar el clima de convivencia familiar: deberes  e igualdades de derechos, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes ( eliminación de la violencia intrafamiliar). (Art. 75);

b)      Protección a la maternidad, a la paternidad y la consagración del derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijas e hijos que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que aseguren el ejercicio de ese derecho. (Art. 76);

c)      Derecho a servicios integrales de planificación familiar basados en valores éticos y científicos. (Art. 76);

d)      Los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. (Art. 78);

e)      Garantía de igualdad ante la Ley. (Art. 21);

f)        Derecho   a   la   participación   política  protagónica. (Art. 62 y 70);

g)      Consagración de la igualdad de deberes y derechos para el hombre y la mujer en el matrimonio y las uniones de hecho. (Art. 77);

h)      Consagración de la igualdad de derecho de los venezolanos y las venezolanas con relación a la nacionalidad derivada del matrimonio. (Art. 33);

i)        Reconocimiento del valor económico del trabajo doméstico y de la seguridad social para las amas de casa. (Art. 88);

j)        Derecho a la equidad en el salario. (Art. 91).

 

Todos estos contenidos constituyen la plataforma histórico-jurídica a partir de la cual se deriva el compromiso de los entes públicos de impulsar el proceso de elaboración de las legislaciones específicas y las políticas pertinentes para dar cumplimiento a los derechos ya consagrados en el Texto Fundamental.

Las mujeres en Venezuela, ciertamente han avanzado mucho en la eliminación de la legislación discriminatoria contra la mujer, pero esta igualdad formal no se ha traducido necesariamente en igualdad real, por lo que la mayoría de ellas continúan sufriendo discriminación y subordinación.  En esta dirección, es importante anotar indicadores que recogen esta situación de exclusión de procesos económicos, políticos, sociales y culturales que afectan la vida cotidiana de las mujeres y que día a día vulneran sus derechos humanos.

 

 

Las mujeres y la constituyente en Bolivia en 2006[13]

Producto de la revuelta popular de octubre de 2003 en El Alto, Bolivia, en rechazo a la intención de Sánchez de Lozada de exportar gas natural a Estados Unidos desde puertos chilenos, lo que fue considerado como contraproducente a la histórica demanda boliviana de recuperar costa sobre el océano Pacífico. Las tensiones políticas que derivaron en un nuevo proceso electoral realizado en diciembre de 2005 que tuvo como resultado la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) con Evo Morales como candidato por más de 53%[14].

Es en ese nuevo contexto que se ven espacios de participación inspirados no sólo por reivindicaciones económicas sino en la posibilidad de una participación más activa en la construcción de un nuevo orden social a través de la Asamblea Constituyente.

 

Ante la inminencia de una Asamblea Constituyente, se fue gestando el proyecto “Mujeres y

Asamblea Constituyente” impulsado por la Coordinadora de la Mujer que es una red que aglutina a instituciones privadas de desarrollo a nivel nacional para incrementar la participación de las mujeres en los niveles de poder y toma de decisiones en espacios de desarrollo local, departamental y nacional.

Se le une el Foro Político Nacional de Mujeres, conformado por mujeres militantes de partidos políticos que buscan promover el posicionamiento de las mujeres en los espacios de decisión política e impulsar políticas públicas como instrumentos de equidad; otra organización es la

Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI), instancia de seguimiento a la Plataforma de Beijing que desarrolla acciones de promoción, presión y vigilancia de las agendas de género del Estado y promueve la articulación de las organizaciones y movimientos de mujeres a nivel nacional; y, finalmente, se integra al proyecto la Plataforma de la Mujer, que agrupa a mujeres representantes de organizaciones e instituciones de mujeres, feministas y otras integrantes sin pertenencia institucional comprometidas con el avance de las mujeres.

 

La apuesta de estas organizaciones comenzó en el año 2004, planteándose el desafío de participar activa y efectivamente en la definición de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) considerando criterios de inclusión, equidad de género, justicia social e interculturalidad.

En el proceso se sumaron muchas otras organizaciones de mujeres y mixtas e instituciones como Católicas por el Derecho a Decidir/Bolivia, que se constituyó en el piso institucional del Equipo Técnico del departamento de La Paz, así como otras organizaciones sociales de mujeres.

El proyecto “Mujeres y Asamblea Constituyente” ha logó gestar un “Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia” a nivel nacional, cuando el país comienza a asumir una cara diversa, pluricultural, pluriétnica y también donde por primera vez las mujeres tienen la oportunidad de unir sus llamados al cambio con los de otros movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, enviando propuestas de transformación de fondo a los gobernantes e integrantes de la Asamblea Constituyente.

PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA

Una vez consolidado la articulación de las redes de mujeres, se pasó a un periodo de lograr consensos para los principios de la propuesta, que se ven reflejados básicamente en:

Principio de Equidad

Se plantea la redistribución económica, la redistribución del poder, el acceso a la toma de decisiones y los beneficios del desarrollo de manera igualitaria para mujeres y hombres.

Principio de Igualdad

El Estado debe prohibir y sancionar la discriminación contra la mujer. Afirmamos el principio de igualdad jurídica para hombres y mujeres, en tanto se garantice la igualdad de oportunidades y el acceso al ejercicio y goce de los derechos humanos.

Principio de Reconocimiento de Derechos Específicos

Afirmamos la necesidad de reconocer derechos que hagan referencia a las diferencias sexuales que distinguen a hombres y mujeres, en particular aquellos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos y la violencia ejercida en razón de género.

Principio de Acción Positiva

Hace referencia al tratamiento jurídico diferenciado que permite enfrentar las desigualdades o brechas existentes entre mujeres y hombres, entre regiones y sectores poblacionales en la sociedad. Se trata de la aplicación de medidas correctivas, cuyo objetivo es generar condiciones para acelerar la igualdad, reduciendo o compensando las brechas que impiden el ejercicio y goce de los derechos de las mujeres.

Principio de Homologación de Derechos

Se plantea elevar a la categoría de Derechos Constitucionales todos los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado boliviano y sancionados a rango de ley, en los que se protege el goce y ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres en términos de igualdad y equidad.

Principio de Lenguaje No Sexista

Son imprescindibles cambios en el texto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que contribuyan a fortalecer la no discriminación contra las mujeres. El lenguaje no es una creación casual, ni neutra de la mente humana, sino un producto social e histórico que influye en la percepción de la realidad.

Estado Laico

El Estado debe reconocer la libertad de culto, garantizando la libertad de conciencia y el ejercicio público de todo culto o religión, en el marco de las limitaciones prescritas por ley. El Estado no puede interferir en la esfera individual de la libertad de ciudadanas y ciudadanos.

 

Estos principios son la base y el eje transversal de las propuestas concretas y puntuales para la futura Carta Magna, formuladas para la definición del tipo y estructura del Estado, para los Derechos individuales y colectivos y para los diferentes regímenes: el Económico, Financiero y Laboral, el de Tierra, Territorio y Recursos Naturales y el Social y Familiar.

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Para el cumplimiento del objetivo se definieron 6 estrategias de acción: Formación y Capacitación, Promoción de Construcción de Consensos, Incidencia, Comunicación y Difusión, Producción de Conocimientos y Articulación del Movimiento de Mujeres a nivel departamental y nacional. En el marco de estas líneas estratégicas se desarrollan diversas acciones.

 

Como una primera acción, en el periodo previo a la instalación y para que la Asamblea Constituyente sea fiel a los postulados de inclusión y participación, se introduce los principios de paridad y alternancia (medida de acción positiva) en la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Posteriormente se

desarrolla acciones de exigibilidad a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas para la incorporación de mujeres como candidatas a la Asamblea y se hace un seguimiento a la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales, para garantizar la inclusión de mujeres en las candidaturas a asambleístas.

En una primera etapa del proyecto, el movimiento de mujeres concentra sus acciones en talleres de capacitación con temáticas como Estado y Derecho, Constitución Política del Estado y Derechos Humanos; los talleres de capacitación son desarrollados en provincias y municipios del país, priorizando el área rural de todo el país, visibilizando la activa participación de la mujer indígena.

Posteriormente se construye las propuestas de las mujeres hacia la Asamblea Constituyente con la participación de más de 20.000 mujeres representantes de 1.000 organizaciones a nivel nacional y 12 organizaciones matrices en 400 talleres y encuentros en más de 150 municipios urbanos y rurales; lográndose sistematizar en el documento denominado “De la Protesta al Mandato: Una propuesta en construcción”.

 

Fundamentalmente son propuestas sobre el modelo y estructura del Estado boliviano, Derechos Humanos individuales y colectivo, propuestas para los regímenes económico, financiero, laboral, social y familiar y finalmente propuestas sobre tierra y territorio.

 

La segunda etapa del gran desafío de construir propuestas e incorporarlas en la Constitución desde la diversidad, pasó también por la capacidad de establecer importantes alianzas con organizaciones de mujeres y mixtas, instituciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres y medios de comunicación, con los cuales se ha tenido reuniones formales e informales que sirvieron para presentar las propuestas de las mujeres y socializar el trabajo desarrollado por el movimiento. La mayoría de estas organizaciones mostraron interés y resaltaron el aporte de las mujeres en la redacción de un nuevo texto constitucional.

 

Una vez instalada la Asamblea Constituyente, se presenta formalmente las propuestas a

las mujeres asambleístas; preparando el terreno para establecer alianzas en torno a la agenda de mujeres. Se desarrolla desde los diferentes departamentos acciones de incidencia dirigida fundamentalmente a mujeres asambleístas, sin dejar de lado a hombres asambleístas, actores políticos y lideres de opinión. Este trabajo es acompañado permanentemente con acciones de comunicación y movilización.

 

Los avances del nuevo texto constitucional[15]

Estado laico. La independencia entre Estado y religión es uno de los significativos avances para el movimiento de mujeres porque implica contar con un Estado laico que no permitirá que la Iglesia católica interfiera en políticas públicas, especialmente las diseñadas para las mujeres.

 

Igualdad y equidad de género. Los principios, valores y fines del Estado incorporan este principio, y se asegura el acceso de los bolivianos y boliviana a la educación, la salud y el trabajo.

En el sistema de gobierno, el Estado adopta la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres plantearon incorporar el principio de paridad, es decir el 50% de la representación política.

El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en razón de sexo, color, género, edad, orientación sexual e identidad de género, discapacidad, estado de embarazo, u otras que tenga por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos y libertades de toda persona.

El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y goce de los derechos establecidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

Prevención y sanción de la violencia de género y generacional. Toda persona tiene derecho a la vida y la integridad física, psicológica, moral y sexual. Expresa, además, que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. También se prohíbe la trata y el tráfico de personas. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, en lo público y lo privado.

Igual participación política de hombres y mujeres. En cuanto a derechos políticos, “todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”. Para la representación política queda establecido que en elección de autoridades se garantizará igualdad de participación entre hombres y mujeres.

 

Asimismo, se deberá adoptar un lenguaje no sexista en todos los cargos de representación en igualdad de condiciones.

Derecho a la seguridad social y la maternidad segura. En relación con los derechos sociales, económicos y culturales, las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a la seguridad social, sin carácter lucrativo ni mercantilista, que se rige por los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; cubre atención por maternidad y paternidad, entre otros. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión intercultural, y gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, el parto y el periodo postnatal.

 

Igual remuneración por trabajo de igual valor. Sobre el derecho al trabajo y el empleo, uno de los avances más importantes en la nueva Constitución es que el Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. No podrán ser discriminadas o despedidas por estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijos/as.

Se garantiza la inamovilidad de las embarazadas hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.

Equidad de género en la educación. Se incorporan los valores de equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos, y el Estado garantiza el acceso a la educación y la permanencia en ella de las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.

El Estado reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza, y deberá ser calculado en las cuentas públicas. Este es un importante avance en las políticas sectoriales. Además, en el capitulo sobre la economía, el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.

No discriminación en acceso, tenencia y herencia de la tierra. El Estado tiene la obligación de promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en cuanto al acceso, tenencia y herencia de la tierra. Garantiza  la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal.

Un retroceso se presenta en los derechos de las familias, pues el matrimonio se constituye por vínculos jurídicos entre un hombre y una mujer y se basa en la igualdad de derechos y deberes. A pesar de reconocer la orientación sexual como derecho, se restringen las uniones entre personas de un mismo sexo, aunque se garantiza a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos sexuales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES

 

 

Barreto, Marina. Aporte de la Mujer Venezolana en la Construcción de una Nueva Sociedad. 2003. En http://guiagenero.mzc.org.es/GuiaGeneroCache/Pagina_Decisiones_000177.html

 

Cuba Rojas, Pablo. Bolivia: movimientos sociales, nacionalización y Asamblea Constituyente. En Revista OSAL Año VII, No. 19, enero-abril 2006. Buenos Aires, Argentina. FLACSO.

Guardia, Sara Beatriz. DERECHOS POLÍTICOS: UNA VISIÓN DE GÉNERO EN LA HISTORIA DE LAS MUJERES PERUANAS. CEMHAL/ Universidad San Martín de Porres/ Perú 2005. En http://maytediez.blogia.com/2005/062601-derechos-politicos-una-vision-de-genero-en-la-historia-de-las-mujeres-peruanas.php

Huggins Castañeda, Magally Venezuela: Veinte años de ciudadanía en femenino. En  webs.uvigo.es/pmayobre/pop/…/magally_huggins/ciudadania.doc SF.

 

Lubertino, María José. LA PARTICIPACIÓN POLITICA DE LAS MUJERES Y LA LEY DE CUPOS EN ARGENTINA. Seminario Internacional “Reformas Electorales Pendientes: Fortalecimiento del Sistema Electoral” Hotel Santo Domingo, 3 y 4 de marzo de 2005

 

Martínez Dalmau, Rubén. La Constitución colombiana de 1991 y la reforma del Estado. Ponencia XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala, 7 – 10 Nov. 2006.

 

Proyecto Mujeres y Asamblea Constituyente: Mujeres Presentes en la Historia para una nueva Constitución Política del Estado con equidad de Género, Bolivia  2006, en http://www.mujeresdelsur-afm.org.uy/asamblea07/bolivia.pdf

 

proyectoempoderate.blogspot.com: En Ecuador se garantizan y amplían los derechos para las mujeres. 2007.

 

Quintero Beatriz.  Las Mujeres Colombianas y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 – Participación e Impactos, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Unidad Mujer y Desarrollo. Santa Cruz de la Sierra, 21, 22 y 23 de febrero de 2005. Seminario Internacional: “Reformas Constitucionales y Equidad de Género”

 

Salguero Carrillo, Elizabeth. Ciudadanía plena y equidad de género en la nueva Constitución. Enero de 2009. En www.unifemandina.org/un…/mm9%20las%20ideas%20es.pdf

 

Shifter, Michael y Joyce, Daniel. Bolivia, Ecuador y Venezuela: La refundación andina. POLÍTICA EXTERIOR, núm. 123. Mayo / Junio 2008. En http://www.thedialogue.org/…/Política%20Exterior%20-%20Bolivia,%20Ecuador%20y%20Venezuela

 

Vela, Maria Pilar. Estrategias del movimiento de mujeres del Ecuador para la incorporación de sus derechos en la Constitución Política de 1998. SF.

 

 

 

 

 


[1] Tomado de: Quintero Beatriz.  Las Mujeres Colombianas y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 – Participación e Impactos, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Unidad Mujer y Desarrollo. Santa Cruz de la Sierra, 21, 22 y 23 de febrero de 2005. Seminario Internacional: “Reformas Constitucionales y Equidad de Género”

[2] Martínez Dalmau, Rubén. La Constitución colombiana de 1991 y la reforma del Estado. Ponencia XI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Ciudad de Guatemala, 7 – 10 Nov. 2006. P 1.

[3] Idem. P.2.

[4] Guardia, Sara Beatriz. DERECHOS POLÍTICOS: UNA VISIÓN DE GÉNERO EN LA HISTORIA DE LAS MUJERES PERUANAS. CEMHAL/ Universidad San Martín de Porres/ Perú 2005. En http://maytediez.blogia.com/2005/062601-derechos-politicos-una-vision-de-genero-en-la-historia-de-las-mujeres-peruanas.php Sección 3.

[5] Tomado de Lubertino, María José. LA PARTICIPACIÓN POLITICA DE LAS MUJERES Y LA LEY DE CUPOS EN ARGENTINA. Seminario Internacional “Reformas Electorales Pendientes: Fortalecimiento del Sistema Electoral” Hotel Santo Domingo, 3 y 4 de marzo de 2005

[6] Tomado de Vela, Maria Pilar. Estrategias del movimiento de mujeres del Ecuador para la incorporación de sus derechos en la Constitución Política de 1998. SF.

[7] Partido Político que lanza la candidatura de Correa.

[8] Paz y Miño Cepeda, Juan J. LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 2007: UN NUEVO CICLO HISTÓRICO EN ECUADOR. 2008, en the.pazymino.com/boletinAgoSet08-A.pdf

[9] proyectoempoderate.blogspot.com: En Ecuador se garantizan y amplían los derechos para las mujeres.

[10] Huggins Castañeda, Magally Venezuela: Veinte años de ciudadanía en femenino. En webs.uvigo.es/pmayobre/pop/…/magally_huggins/ciudadania.doc SF.

[11] Michael Shifter y Daniel Joyce. Bolivia, Ecuador y Venezuela: La refundación andina. POLÍTICA EXTERIOR, núm. 123. Mayo / Junio 2008. En http://www.thedialogue.org/…/Política%20Exterior%20-%20Bolivia,%20Ecuador%20y%20Venezuela

[12] Barreto, Marina. Aporte de la Mujer Venezolana en la Construcción de una Nueva Sociedad. 2003. En http://guiagenero.mzc.org.es/GuiaGeneroCache/Pagina_Decisiones_000177.html

[13] Proyecto Mujeres y Asamblea Constituyente: Mujeres Presentes en la Historia para una nueva Constitución Política del Estado con equidad de Género, Bolivia  2006, en http://www.mujeresdelsur-afm.org.uy/asamblea07/bolivia.pdf

[14] Cuba Rojas, Pablo. Bolivia: movimientos sociales, nacionalización y Asamblea Constituyente. En Revista OSAL Año VII, No. 19, enero-abril 2006. Buenos Aires, Argentina. FLACSO.

[15] Salguero Carrillo, Elizabeth. Ciudadanía plena y equidad de género en la nueva Constitución. Enero de 2009. En http://www.unifemandina.org/un…/mm9%20las%20ideas%20es.pdf

1 Comentario »

  1. What’s up friends, its great post concerning teachingand fully explained, keep it up all the time.

    Comentario por Vivienda en Fuensalida — 28/07/2013 @ 20:03 | Responder


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