Anarella Vélez
El domingo 14 de agosto ocurrió un nuevo suceso sangriento en el Bajo Aguán. La dirigencia del movimiento social rural ha explicado ante los medios de comunicación alternativos, únicos con credibilidad popular, que las organizaciones de campesinos no han tenido participación alguna en esos hechos. Aclaraciones que responden al temor de ser incriminados.
El mismo Director del Instituto Nacional Agrario, INA, ha declarado que el origen de este enfrentamiento es oscuro; y Alegría, dirigente de Vía Campesina, ha dejado bien dicho que el origen de esos hechos es la realidad misma que se vive en el agro, en donde, desde hace más de cincuenta años la situación sigue siendo la misma y lejos de resolverse se complica.
Los campesinos –de Rigores o de Panamá incluidos– buscan soluciones a su problemática. Exigen que estos hechos se aclaren lo más pronto posible y que los esfuerzos de la sociedad se encaminen a crear las condiciones para que los trabajadores del agro se dediquen a lo que saben: hacer producir la tierra en la que nacieron, con justicia social y respeto a los derechos humanos.
De todas/os es conocido que en el Aguán se reflejan, mejor que en cualquier otra zona del país, las materias pendientes en materia de reforma agraria. Ahí se libra una descarnada lucha por la tierra. Las organizaciones campesinas llaman permanentemente a la negociación pacífica y pública. Y, como corresponde en nuestro tiempo, resolver los conflictos usando los recursos legales nacionales e internacionales.
Los llamados de los sectores sociales organizados del campo ante la sociedad hondureña y ante la comunidad internacional obligan a la reflexión. La búsqueda de soluciones sensibles a los intereses históricos de nuestras/os compatriotas es una exigencia impostergable.
A la desigualdad vivida en el agro se suma la terrible realidad que viven las mujeres y niñas/os en la áreas rurales. Ahí se concentra el 75 por ciento de las personas desnutridas y que pasan hambre. Sabemos que la mitad de ellas son pequeñas/os agricultoras/es, más de dos tercios son mujeres, empero sólo el 1% de las tierras les pertenece. Sus voces a las exigencias de justicia.
La administración no puede desconocer el impacto que tiene el señalamiento por parte de la comunidad internacional acerca de la falta de atención y de soluciones reales, por los medios administrativos, a esta problemática. Para todas/os es evidente que el gobierno emplea más recursos en una costosa presencia de tropas en la región que en la construcción de soluciones, de políticas agrícolas nacionales que le ponga fin a este conflicto agrario.
A pesar de ello, lejos de destinar recursos para terminar con la marginación de las/os pobladores rurales, el gobierno ha respondido con la presencia militar y policial en esa región con una denominada operación Xatruch II, en alusión a la experiencia histórica del siglo XIX, cuando el General Xatruch defendiera el territorio nacional en contra de la ofensiva de los sureños norteamericanos en el territorio centroamericano, quienes pretendían ocupar la región a través de un grupo de mercenarios comandados por William Walker.
Para la sociedad hondureña está más claro que nunca que en el Aguán se está jugando el futuro de nuestra nación. Que ahí los campesinos organizados se proponen mantenerse en el campo, aún a costa de la propia vida, en contra de la corriente que los empuja a la ciudad. Ahí luchan por ser productores autónomos, descentralizados, menos industrializados, respetuoso de la pluralidad cultural, más justos e igualitarios.
Lo que ahora se pone en evidencia es que de seguir esta tendencia la supervivencia económica y cultural de las/os productoras/es rurales está seriamente amenazada. De no respetarse sus derechos a la tierra tampoco se alcanzará la reconciliación de la sociedad hondureña necesita. Antes bien, se profundiza de la crisis social que vive nuestra nación.
Ya todas/os entienden que la ecuación agrícola de este tiempo requiere de un proyecto legitimado por toda la sociedad y no al contrario.
anarellavelez
